El Gobierno de España suprime la obligación de pagar tasas judiciales a las personas individuales, sea cual fuere su potencial económico. Lo mismo da que sea una persona sin capacidad económica que  un potentado. Está bien, porque ya se había acostumbrado España a gozar de un sistema de justicia sin tener que pagar el usuario el precio o valor del servicio público. Cierto es que desde que se estableció la tasa judicial siendo Ministro de Justicia Gallardón se notó que los justiciables en muchas ocasiones preferían perder sus derechos que litigar, porque a la inversión que suponía la contratación de un Procurador, un Abogado y en ocasiones un Perito -o varios-, el coste del poder de representación procesal, el de la expedición de certificaciones, etc. se añadía la tan poco apreciada tasa judicial, que venía a rematar el círculo para disuadir definitivamente al que aspiraba a pedir Justicia, quien por sentirse acosado por tanto gasto prefería decidir dejar en el olvido su acción.

Al desaparecer ese escollo habrá quien retome la decisión de accionar y eso se considera socialmente como algo plausible. Supongo que no se producirá ahora una avalancha de procesos. Tampoco eso sería bueno ni para el sistema ni para los propios interesados. En el punto medio está el equilibro.

Ahora quea que el Gobierno de España estudie algo que por aplicación del principio de igualdad corresponde hacer: eximir del pagado de las tasas, también, a las pequeñas empresas y empresarios, porque en definitiva son personas, aun siendo jurídicas, formadas por personas físicas, que pueden tener exactamente los mismos problemas de capacidad económica.

También se debe replantear el poder ejecutivo, y el legislativo, la cuestión relativa al Derecho a litigar con beneficio de justicia gratuíta, que sólo está vedado a las personas físicas y no tiene fundamento, por la misma razón. Una empresa sin capacidad económica puede tener derechos que no puede ejercitar por falta de dinero para pagar abogado y procurador y no tiene por qué ser discriminada. No olvidemos que las microempresas son el verdadero motor económico de España y deben ser tratadas con amabilidad y respeto por los Poderes Públicos.

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