Se produce con frecuencia una arbitrariedad no permitida por el derecho cuando tras la autoliquidación de un impuesto, se abre un expediente para la comprobación de valores, y pasa el expediente a un tasador público poco preocupado por hacer las cosas bien.

Es nada facil saber con exactitud cuánto vale un bien, pues este depende de muchos factores, siendo los más difíciles de demostrar aquellos que tienen carácter subjetivo, como por ejemplo la determinación a la baja que se produce cuando el vendedor tiene muchas prisas por vender, o necesidad perentoria de convertir el bien en dinero; o en el caso del comprador cuando el bien le resulta especialmente apetecible por algún motivo personal, como por ejemplo que perteneciera en el pasado a su familia y quiere recuperarlo.

Esos factores no se tienen en cuenta por los tasadores de la Administración, y en el primer caso como en el segundo, por estas y otras razones más, se originan transtornos de naturaleza fiscal a sendos contratantes.

Un caso muy frecuente que origina gran incertidumbre en el obligado tributario a soportar las consecuencias de esa valoración complementaria, es la aplicación de un factor que se debe razonar y si no se hace la tasación es nula. Es el referido al razonamiento del coeficiente de la intensidad de operaciones en el mercado, que influye en el precio real.

La particularidad de no razonarlo. como he dicho. es la anulación de la liquidación complementaria. La Administración puede empezar de nuevo, pero si por segunda vez incurre en el mismo defecto el técnico tasador, en ese caso decae el derecho a realizar una tercera liquidación complementaria, adquiriendo firmeza la autoliquidación.

He aquí una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo de Castilla La Mancha en la que he intervenido como recurrente:  Resolucion 22 12 14