En materia de determinación de justiprecio existe una larga batalla que se viene celebrando entre las ideologías políticas, de tal manera que unos consideran el derecho de propiedad privada como algo protegible por su verdadero valor y los otros lo desconocen, por considerar que la causa que legitima la expropiación tiene un más alto valor aún, superior al que en la realidad del mercado pueda tener el bien expropiado.

Con la legislación de Aznar (1989) se impuso la obligación de pagar los terrenos según demostrara el expropiado que valían aportando muestras de mercado. La Ley Estatal de Suelo de 2007 y su texto refundido de 2008 pasaron a tratar el problema desplazándose una vez más al otro lugar extremo. El expropiado, salvo que su suelo esté urbanizado, no podía cobrar más de lo que resulte de la capitalización de rentas agrarias, con un máximo del doble, aunque su terreno estuviera a un tiro de piedra de una gran ciudad. Eso traducido en euros es, en el caso de un terreno de labor, poco más de un par de euros el metro cuadrado.

El Tribunal Constitucional recientemente ha declarado la inconstitucionalidad de ese inciso, citando una conocida doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en definitiva establece que toda expropiación ha de ir seguida de una compensación del valor real del bien expropiado, sin que sean de aplicación fórmulas matemáticas que conduzcan a valores inferiores a los del mercando corriente.

Me pregunto si se volverán a producir sentencias como la que ahora inserto, en cuyo procedimiento intervine como defensor de los expropiados.

Sentencia 14 11 13